El Gobierno español ha introducido un aumento significativo de la base mínima de cotización para los autónomos inscritos en sociedades y para los colaboradores familiares.
El decreto de cotizaciones para 2026, publicado recientemente, prevé, de hecho, que la base mínima pase de 1 000 euros a 1 424,4 euros mensuales, lo que supone un incremento superior al 42 %. En la práctica, esta actualización se traduce en un aumento de la cuota de la Seguridad Social de unos 135 euros al mes, lo que supone 1.620 euros más al año para quienes actualmente cotizan por el mínimo.
La medida afecta a más de 400.000 autónomos colaboradores familiares y 800.000 autónomos socios de sociedades con ingresos en torno a los 1.000 euros mensuales, y tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
El Gobierno ha decidido prorrogar las cotizaciones de los trabajadores autónomos para este año, al no haber logrado alcanzar un acuerdo con las organizaciones representativas del sector sobre las bases de cotización para el periodo 2026-2028. En consecuencia, el Ejecutivo ha mantenido temporalmente las tablas de cotización vigentes en 2025.
Según fuentes de la Seguridad Social, se trata de una medida ya prevista en el marco de la aplicación de la reforma del sistema contributivo del RETA basado en los ingresos reales, iniciada en 2023.
La reforma del RETA, aprobada en 2022 con el acuerdo de las asociaciones de autónomos, los empresarios y los sindicatos, establece que, a partir de 2026, la base contributiva de los socios, los colaboradores familiares y quienes no declaran ingresos no podrá ser inferior a la base mínima del Régimen General.
Sin embargo, la disposición transitoria n.º 7 del RDL 13/2022, de 26 de julio, preveía una aplicación gradual: en 2023, la base mínima se fijó en 1 000 euros, mientras que para 2024 y 2025 el ajuste debería haberse definido en los presupuestos, que nunca se aprobaron, ni siquiera en 2026.
No obstante, según la Seguridad Social, existe un margen de ajuste.
La regularización definitiva de las cotizaciones está prevista para 2028. Hasta entonces, los trabajadores afectados pueden seguir pagando la cotización actual, pero posteriormente deberán cubrir la diferencia con respecto a la base mínima establecida para el ajuste final.
Se trata de una actualización técnica, pero con efectos concretos en la planificación financiera de socios, colaboradores y profesionales autónomos en España.
